Internet es la respuesta para acceder a todo los tipos de servicios y productos existentes en el mercado. Pero, al mismo tiempo, dada su naturaleza digital, ajena a la seguridad física que parece comportar el trato personal entre vendedor y cliente, también es la puerta de entrada para numerosos tipos de timos y estafas. En este desafortunado supuesto, contar con los servicios de despacho legal como Miguel Verdún Abogados, de Cádiz, es la garantía ideal para restaurar nuestros derechos y conseguir la debida satisfacción de nuestros intereses en el eventual litigio. En demasiadas ocasiones, la víctima considera que la red, debido a su carácter global y casi etéreo, es un espacio donde no impera la justicia, pero esto no es así. De hecho, el proceso legar para denunciar y llevar a juicio un delito online es el mismo que en el caso de un delito analógico.
De este modo, el afectado puede personarse en la comisaría de policía o de guardia civil más cercana a su domicilio o en el juzgado de guardia que le corresponda con el fin de presentar una denuncia que puede ser bien escrita, bien verbal. Merece la pena señalar que la guardia civil también ofrece la posibilidad de interponer una denuncia a través de internet, por medio de su oficina virtual de e-denuncias, disponible en http://www.guardiacivil.es o desde el link https://e-denuncia.guardiacivil.es/eDenuncia/index.faces. En cualquier caso, deberá presentarse en el plazo de tres días en la correspondiente comandancia para ratificarla. Por otro lado, escoger entre uno u otro lugar para presentar dicha denuncia tiene asimismo su razón de ser. El primer caso, las comisarías de policía y guardia civil, resultan más adecuadas en el supuesto de que la situación precise de una intervención investigadora inmediata por parte de los agentes de la ley. En el caso contrario, la denuncia en el juzgado es más conveniente puesto que contribuye a la agilización de los trámites del proceso. También cuando el afectado solicite medidas de protección que no puedan ser provistas por los cuerpos de policía y guardia civil.
Durante la formalización de la denuncia no es obligatorio identificar al responsable del presunto delito, pero ante una sospecha en firme conviene hacerlo constar con el objetivo de encauzar los primeros pasos de la investigación de la policía o atestado, el cual, una vez concluido, es elevado a la autoridad judicial competente en el caso de que determinen que los hechos denunciados incurren, en efecto, en un delito o falta. Este es el desencadenante que da lugar a la apertura del proceso judicial en el que se someta a juicio al autor o autores implicados. Dado que el denunciante no forma parte del proceso, no tiene derecho a intervenir en el curso de la causa. Es por ello por lo que requiere de un abogado y un procurador.
Otra de las opciones abiertas para el ciudadano presuntamente damnificado por una estafa en internet es la de interponer una querella. En este caso, la única posibilidad de interponer la querella son los juzgados. Las comisarías de policía y guardia civil quedan fuera de la ecuación. Interponer una querella es un medio de iniciación del procedimiento penal que contempla una serie de requisitos más estrictos para adquirir validez, ya que suele utilizarse en casos donde la investigación criminal tenga un grado de dificultad más elevado. Por ejemplo, debe constar en ella los datos particulares tanto del querellante como del querellado o explicar de manera detallada los hechos que se desean enjuiciar, redactados de una forma que tengan la apariencia de delictivos, incluyendo por tanto elementos objetivos y subjetivos de tipo penal. Aunque en la interposición de una querella el querellante puede personarse como parte acusadora, necesitará de igual modo que en la denuncia acudir al pleito acompañado de un abogado y un procurador, a quien se ha de otorgar un poder especial. Al ser parte del proceso, se le reserva al querellante una amplia iniciativa del mismo.
Una de las utilizaciones más conocidas de la querella a causa de los programas del corazón es contra los delitos de calumnias e injurias entre particulares. Trasladándolo al terreno de la red de redes, su campo de acción cobra especial relevancia en las redes sociales, donde el anonimato de los infractores puede quedar también al descubierto por medio de la averiguación de datos de navegación como la IP del ordenador, la titularidad de una cuenta de correo electrónico o del número de teléfono asociado a ella.